Protección del denunciante en la Administración pública y entidades dependientes

La recién llegada ley “whistleblowing” ha generado mucho revuelo en las empresas, pero no hay que olvidar que también afecta a la Administración Pública. Esta nueva norma está dando mucho que hablar, tanto que en Dataseg ya hemos publicado dos artículos al respecto: un resumen de puntos clave y un post con sus implicaciones en protección de datos.

En esta nueva entrega, analizamos la ley desde el punto de vista de su impacto en el sector público, centrándonos en algunos aspectos que nos parecen fundamentales.

Entidades del sector público obligadas a tener un sistema de denuncias

Como ya te hemos contado en anteriores artículos, esta ley nace con el objetivo de obligar a determinadas entidades a contar con un sistema interno de denuncias, así como con el fin de proteger a quienes hagan uso del mismo.

¿A quiénes aplica esta obligación dentro del sector público? La norma es muy clara en este sentido, pues en su art. 13 señala que afecta a “todas las entidades que integran el sector público”. Por si acaso, la ley especifica:

• Administración General del Estado
• Administración de las Comunidades Autónomas
• Ciudades con estatuto de autonomía
• Administración Local
• Organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración
• Asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos
• Autoridades administrativas independientes
• El Banco de España
• Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
• Universidades públicas
• Corporaciones de Derecho público
• Fundaciones del sector público
• Sociedades mercantiles con participación de capital público superior al 50%
• Órganos constitucionales o de relevancia constitucional

Es importante tener en cuenta este listado, dado que, desde la llegada de la ley -te recordamos que está en vigor desde el pasado 13 de marzo– se ha extendido mucho la idea de que solo aplica a empresas con más de 50 trabajadores.

Pero su alcance no queda ahí, por lo que si tu entidad encaja en lo indicado, es importante que tengas en cuenta que debes disponer del canal de denuncias.

¿Hay particularidades para alguna entidad pública?

La ley prevé una serie de particularidades, por ejemplo, para los municipios con menos de 10.000 habitantes, que pueden compartir el sistema de denuncias con otros municipios o administraciones de la Comunidad Autónoma.

También pueden hacer lo propio las entidades pertenecientes al sector público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de órganos de las Administraciones territoriales y que tengan menos de cincuenta empleados, que podrían compartir su sistema con la Administración de que dependen.

Lo anterior, en todo caso, debe hacerse asegurando la independencia entre sistemas y la facilidad y transparencia para el ciudadano.

El DPO en el sistema de denuncias

Si bien la obligación e nombramiento del delegado de protección de datos que aparecía en el borrador de Ley para que quienes debieran cumplir esta normativa tuvieran también deben nombrar un DPO se eliminó de la Ley, sigue en sus considerandos. Además de lo anterior, el DPO una de las figuras con capacidad de acceso a los datos personales recogidos en el canal de denuncias.

Te recordamos que el DPO es una figura que existe en el marco de la protección de datos, fue creada por el RGPD, y se define como aquella persona o empresa que se asegura de que en una organización se cumple con la normativa reguladora. Trabaja de forma confidencial e independiente y tiene funciones de:

• Información y asesoramiento
• Supervisión de cumplimiento normativo
• Asignación de responsabilidades
• Formación del personal
• Realización de auditorías
• Cooperación con la autoridad de control

Este es uno de los servicios que prestamos desde Dataseg, así que puedes contactar con nosotros en caso de necesitar más información.

Cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad

Por último, no queremos perder la oportunidad de recordarte la importancia del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para las entidades de la Administración Pública.

El ENS es una normativa que establece la política de seguridad el uso de medios electrónicos relacionados con la Administración Pública, con el fin de que la información, las comunicaciones, los servicios y los sistemas estén correctamente protegidos. Así, el ENS busca crear unas condiciones de confianza entre Administración y ciudadano, mediante el establecimiento de medidas de seguridad adecuadas.

Y es fundamental tener cumplir con el ENS en cualquier actuación que lleve a cabo la Administración en el ámbito electrónico, y ello incluye la creación y posterior gestión de los canales de denuncias, que deberán ajustarse a los criterios y requisitos mínimos de esta normativa.