Como avanzábamos en nuestro último post sobre la nueva Guía para profesionales del sector sanitario. En este artículo, de carácter más práctico, resolvemos algunas de las dudas que pueden surgir a los profesionales sanitarios sobre el tratamiento de datos personales en su actividad.

¿Qué obligaciones hay en el ámbito sanitario en cuanto a la normativa de protección de datos?

1. Nombrar a un Delegado de Protección de Datos (DPO). La designación de un DPO es obligatoria cuando el tratamiento de datos sea por un organismo público y cuando se trate de centros obligados al mantenimiento de historias clínicas.

Aquellos que ejerzan su actividad de forma privada a título individual no están obligados. Pero, que no sea obligatorio no quiere decir que no pueda ser recomendable, en cualquier caso.

2. Evaluaciones de Impacto. Realizar una EIPD es obligatorio siempre que el tratamiento de datos personales suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Si tienes dudas, la herramienta Evalúa Riesgo, puede ayudar a determinar si estás obligado a hacerla.

3. Registro de actividades del tratamiento. Cualquier tratamiento de datos hecho correctamente pasa por efectuar el correspondiente RAT.

Si el servicio sanitario lo presta una entidad pública, el inventario de los tratamientos de datos deberá hacerse público y accesible por medios electrónicos. Por ejemplo, a través de una página web.

4. Gestión de brechas de seguridad de los datos personales. El responsable, asesorado por su DPO, ha de saber qué brechas, vulneraciones o similares de datos personales tienen lugar y aplicar las medidas y garantías necesarias, minimizando el riesgo para los derechos y libertades de los interesados.

Para esto es siempre positivo disponer de un protocolo para la gestión de brechas, que permita anticiparse y prever cómo actuar antes el caso de que las mismas tengan lugar.

Historial clínico, ¿quién y cuándo se puede acceder a él?

El acceso a la historia clínica de los pacientes no puede hacerse de forma indiscriminada, sino que está limitado. Es decir, no cualquier profesional y ante cualquier circunstancia puede acceder, pues hay condiciones para ello.

Tanto los profesionales sanitarios, como los residentes o los centros sociosanitarios podrán acceder al historial siempre y cuando sea necesario para la atención sanitaria que se esté prestando y únicamente para el desempeño de sus funciones.

Hay ciertos supuestos en que este acceso debe hacerse de forma disociada, es decir, separando los datos identificativos de los datos clínicos, como ocurre en los estudios epidemiológicos, en investigaciones o con fines docentes.

Es fundamental que todo el personal de inspección, evaluación, sanitarios o autoridades, que accedan a historias clínicas guarde el deber de secreto. El solo hecho de ser un profesional sanitario no justifica que se pueda acceder a la información clínica de un paciente de forma indiscriminada; sólo en aquellos casos en que sea indispensable hacerlo

Responsabilidades por accesos indebidos a historias clínicas

Siguiendo con lo anterior, el acceso a historiales clínicos de forma injustificada puede acarrear responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas, además de conllevar indemnizaciones. Recuerda: todo acceso a datos debe estar justificado.

Derechos de los pacientes, ¿pueden acceder a su historial clínico?

Los interesados tienen reconocidos en el ámbito sanitario sus derechos de protección de datos, aunque con algunas limitaciones concretas.

Por ejemplo, el derecho de supresión puede verse afectado porque la conservación de los datos es necesaria para la correcta atención sanitaria y por obligaciones legales y de interés público que hay que respetar.

Podrán suprimirse aquellos datos que carezcan de relevancia, pero no otros que sean fundamentales para el paciente y sus tratamientos, presentes o futuros.

En el caso de las historias clínicas, no está reconocido expresamente el acceso de los pacientes a estos documentos como tal, pero sí a recibir confirmación de si se están tratando o no sus datos personales y a determinada información asociada s su historia.

Ojo: este derecho no puede implicar acceso a datos de terceras personas o a anotaciones subjetivas de los sanitarios que pudieran constar en la historia.

Menores de edad, ¿quién ejercita sus derechos?

Los padres, madres, tutores o representantes tienen derecho a acceder a los datos relacionados con la historia clínica de los menores, en la medida en que son los responsables de su cuidado.

No obstante, a partir de los 14 años, se reconoce mayor autonomía a los menores. Si bien no desaparece ese derecho de los padres, nos encontramos con que el menor tiene derecho a ser informado de los asuntos que le conciernen en lo respectivo a su salud.

Esto posibilita que su opinión sea tenida en cuenta en todo a lo que respecta a diagnósticos, tratamientos y cualesquiera otros asuntos pudieran afectarle.

¿Cómo comunicarse adecuadamente con los pacientes?

Una de las dudas que pueden surgir a los profesionales sanitarios es la referida a cómo gestionar la comunicación con los pacientes, tanto cuando se encuentran físicamente en el centro, como cuando se realiza por teléfono, mensaje, correo electrónico u otros medios de forma que se respete su intimidad y la confidencialidad de sus datos.

Por ejemplo, a la hora de llamar a los pacientes a consulta es preferible evitar utilizar datos identificativos, como el nombre y apellidos, o el nombre completo de la persona, y optar en su lugar por métodos alternativos, como códigos numéricos o alfanuméricos que se reflejen en una pantalla, uso de iniciales del paciente o similares.

Si se va a llamar al paciente por su nombre, utilizaremos el nombre de pila y si es posible, en una sala donde los únicos que lo escuchen sean los pacientes de la misma consulta.

Evidentemente, son medidas que variarán mucho dependiendo de las posibilidades tecnológicas, de espacio y de recursos humanos de cada centro.

Por otra parte, cuando hablamos con un paciente por teléfono, por ejemplo para cancelar una cita, confirmarla o posponerla; son ellos los que preferentemente deben dar la información de la misma, y no a la inversa.

Es decir, que sea el propio paciente el que comunique los detalles; como son la fecha, hora y características de la cita, a fin de que el interlocutor los confirme, y no al revés.

Existen otros métodos de comunicación con los pacientes, como es el correo electrónico o los SMS. Son válidos, pero te recomendamos que priorices la atención presencial y telefónica en la medida de lo posible, y que reserves estos para aquellos casos en que sea indispensable, y siempre evaluando antes su uso y los riesgos asociados.

La comunicación a través de redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea – WhatsApp, Telegram, etc. – Está altamente desaconsejada.

¿Podemos dar información a otra persona sobre el ingreso de un paciente?

Con carácter general, si no se ha obtenido consentimiento del paciente para facilitar esta información, no se debe proporcionar. En caso de que el paciente no esté capacitado para prestar este consentimiento, podrán hacerlo sus familiares. Como veremos a continuación, en el ámbito sanitario no siempre es sencillo que se pueda conceder un consentimiento.

En casos excepcionales, como urgencias, pacientes que se correspondan con personas desaparecidas o pacientes inconscientes, se podrá dar información a los familiares o allegados; tratando de verificar previamente que la persona es quien dice ser.

Se darán los detalles indispensables, y el número de habitación en su caso, sin indicar datos de salud mientras no sea necesario.

¿Se pueden colocar cámaras de videovigilancia en los centros sanitarios?

La colocación de cámaras en centros sanitarios está permitida, igual que lo está en otros espacios, tanto con fines de seguridad de las instalaciones como con otros; como puede ser el control laboral de los trabajadores.

No obstante, es cierto que hay que controlar el enfoque, ubicación y demás parámetros que afecten a las cámaras, a fin de evitar que capten zonas que, en el caso de los centros sanitarios, son especialmente sensibles, como consultas, quirófanos y demás. Con carácter general, deberán captar sólo zonas comunes.

Y, por supuesto, hay que tener en cuenta varios factores si existe videovigilancia, como la colocación de carteles que informen sobre su uso y, entre otros, la elaboración de los correspondientes registros de actividades.

Para terminar…

Y, hasta aquí, nuestros consejos y recomendaciones para el tratamiento de datos en el ámbito sanitario.

Esperamos que este artículo te haya ayudado a saber un poco más sobre el tema y que haya servido para contestar preguntas clave, si bien siempre puedes ponerte en contacto con nosotros para saber más. También te dejamos la Guía para profesionales sanitarios por si quieres ampliar la información.

Este mes de junio, la AEPD ha publicado la nueva Guía para profesionales del sector sanitario, en la que trata de responder algunas de las dudas más relevantes que les pueden surgir a estos profesionales en su actividad

Esta guía viene motivada porque en 2021 se registraron más de 600 reclamaciones por el mal uso de los datos personales relativos a la salud.

En este post te resumimos el contenido de la guía y algunos de los puntos más relevantes que se tratan en ella.

Introducción a la Guía

Los profesionales del sector sanitario, además de tratar datos identificativos, tienen acceso a datos de salud, necesarios para cumplir con la finalidad de prestación de asistencia sanitaria. Estos datos que se encuentran dentro de la categoría de datos especiales o datos sensibles, tienen una especial protección y sólo pueden ser tratados bajo ciertas condiciones y garantías necesarias para el correcto uso de ellos.

Puntos en los que se estructura la Guía

En este apartado, hacemos un resumen de la estructura y contenido que de la guía, ¡Recuerda! Esto es solo un resumen, por lo que no entramos a valorar todos los puntos de la guía en su conjunto

1. Conceptos básicos: los datos de salud son necesarios para cumplir con la finalidad de atención sanitaria y, como datos de categoría especial, requieren una protección.

Los encargados de proporcionar dicha protección son los responsables del tratamiento de los datos (entidad pública, privada o profesionales individuales) y para ello, dispondrán las medidas de seguridad y decidirán sobre los datos, su recogida y finalidad, además de seleccionar encargados –es decir, terceros que presten algún servicio al responsable- que ofrezcan las garantías de cumplimiento necesarias

2. Legitimación para el tratamiento: La guía hace una diferenciación entre dos conceptos que pueden confundiré: el consentimiento informado, una acción que se realiza muchas veces en el ámbito sanitario, en la relación con los pacientes; y el consentimiento como base legitimadora para el tratamiento de los datos.

Para el último caso, la guía recuerda que, en el ámbito sanitario, normalmente los datos podrán tratarse sin consentimiento del interesado, ya que se pueden aplicar otras bases jurídicas, como es el caso del interés vital. Esto no exime, sin embargo, de la obligación de informar al paciente de que sus datos están siendo tratados y con qué fin.

En el caso de los menores de edad. A partir de los 14 años, tienen derecho a consentir el tratamiento de sus datos y a ser informados sobre ello.

3. Historias clínicas: la guía facilita información sobre quiénes pueden acceder a las historias, entre ellos: profesionales sanitarios, residentes, estudiantes, centros sociosanitarios, centros privados, etc. Así como de en qué casos pueden tener acceso.

Lo más fundamental de este punto es recordar que la protección de datos no pretende obstaculizar la correcta atención sanitaria. Eso sí: todo acceso debe estar correctamente justificado y limitado a lo estrictamente necesario.

4. Responsabilidad del profesional sanitario: debemos tener claro que cualquier actuación no justificada por los sanitarios puede dar lugar a responsabilidades en el ámbito penal -llegando algunas actuaciones a ser constitutivas de delito-, sanciones disciplinarias y también de carácter administrativo. La guía recuerda la importancia de una buena gestión de las brechas de seguridad y recalca el crecimiento reciente de los ciberataques.

5. Obligaciones en el tratamiento de los datos: los profesionales deben asegurarse de que el tratamiento de los datos sea lícito, que se informe al paciente de los derechos que le corresponden, que se van a tratar sus datos, y se respete el deber de confidencialidad. Se debe garantizar el principio de responsabilidad proactiva: cumplir y ser capaz de demostrarlo.

6. Derechos de los pacientes: la guía nos recuerda que el RGPD regula los derechos que existen en materia de protección de datos, si bien en el ámbito sanitario hay ciertas limitaciones sobre esos derechos, por razones de interés público, cumplimiento de obligaciones o prestación de una correcta atención.

Como puntos clave:

  • Cuando se de información del paciente acerca de su historia clínica, no se debe incluir información de terceros.
  • Los menores de edad, mayores de 14 años, tienen derecho a ser informados del tratamiento de sus datos. (sin que ello implique que se deje de informar a sus padres o tutores).
  • Cualquier brecha de seguridad, como el borrado accidental de documentación, deberá ser comunicada a la AEPD, si existe un riesgo para los derechos del paciente.

7. Comunicaciones de datos a terceros: cómo llamar a los pacientes en las consultas, cómo gestionar la información para que no sea accesible para el resto de pacientes, cómo dar la información para cancelar o posponer una cita, la información que se puede dar sobre el ingreso de una persona o la gestión de los justificantes de asistencia de los acompañantes son algunos puntos que se intentan resolver en la guía. En el próximo artículo que publicaremos te daremos una serie de recomendaciones sobre estos aspectos tan cotidianos.

8. Seguridad en los centros: en cuanto a la videovigilancia, siempre que se informe de la existencia de cámaras, que se elaboren los correspondientes registros del tratamiento y que aquellas no estén orientadas hacia zonas donde se vea comprometida la intimidad de los pacientes, es lícito el uso de este sistema.

La instalación de cámaras con fines distintos a los de seguridad. (como el control laboral de los trabajadores) es otro tratamiento igualmente válido, si se siguen las mismas pautas descritas

9. Posición jurídica de los profesionales sanitarios: por último, se recalca la importancia de identificar quién es el responsable del tratamiento de los datos. En cada caso, dado que es quien asume la elaboración de los registros de actividades y evaluaciones de impacto, la implantación de medidas de seguridad, la guarda y conservación de historias clínicas o la salvaguarda de los derechos de los pacientes.

Esto es fundamental en el ámbito sanitario, ya que dependiendo de cómo ejerza su actividad el profesional -a título individual, como empleado, arrendando un espacio, etc.- ostentará responsabilidad o no. Puedes consultar la guía para ampliar este punto.

Continuará…

Hasta aquí nuestro resumen de la nueva guía de la AEPD. En los próximos días, seguiremos profundizando en este tema, con un post con recomendaciones de cumplimiento de esta Guía para profesionales sanitarios ¡Mantente atento!

¡Por cierto! No es la primera vez que resumimos alguno de los recursos de la AEPD. Sin ir más lejos, hace un tiempo dedicamos un artículo a su Guía sobre gestión de riesgos y EIPD, que te animamos a consultar.

LSSI o a veces LSSICE, LSSI/CE, son las siglas de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, es una Ley de aplicación a la mayoría de los titulares de páginas web, bien sean corporativas o bien porque realicen algún tipo de comercio electrónico.

Esta ley nace por la necesidad de trasponer a nuestro marco jurídico nacional, la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico. En esta directiva se especifica la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los intervinientes en las transacciones, gratuitas u onerosas (de pago) que se realizan cada día en internet. Hablamos de garantizar derechos y reconocer obligaciones de las partes, especialmente poniendo el énfasis en los derechos de los consumidores y usuarios.

La última actualización de la LSSI fue el 11 de mayo del 2014, incluida en la disposición final segunda de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones. Si su web está adecuada de antes, revísela, puede que se deba actualizar protocolos, pero también que se lleve alguna alegría.

Tenemos que aclarar que la LSSI no es la única norma a la que los titulares de páginas web deben cumplir. Por lo anterior iniciaremos una serie de artículos con los que pretendemos ayudar a los titulares de las web a conocer aquellas obligaciones que nacen con la tenencia y explotación de una web. El primero de los artículos es este, referido al cumplimiento de la LSSI.

Y ahora sí, a por los conceptos básicos de la LSSI

Con la base de nuestra legislación de la prestación de servicios en internet está regulada a través de la LSSICE 34/2002, es conveniente conocer los conceptos más
importantes, que permiten identificar qué tipo de obligaciones tiene el titular de una web en cada momento. Anexo LSSI, en definiciones:

a)“Servicios de la sociedad de la información”: todo servicio……normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario……comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

b) “Prestador de servicios» o «prestador»: persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información

c)»Destinatario del servicio» o «destinatario»: persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la
información.

d) «Consumidor» : persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

e) «Comunicación comercial»: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Aclaración importante enlace “En principio, la LSSI no se aplica a las actividades realizadas sin ánimo de lucro (como las de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONGs, etc.) mientras no constituyan una actividad económica)

¿Qué obligaciones me impone la LSSI?

Bueno, aquí para no matar de un disgusto a nadie, hablaremos de las obligaciones de información generales que impone la LSSI. Si usted es un operador o intermediario en prestación de servicios de telecomunicaciones, internet o
similares, entre otros, además de esto, le queda una larga lista de tareas que
realizar.

Pero, para la mayoría de las páginas web, la obligación más clara es la de informar. Requisito necesario para mantener la seguridad jurídica de los consumidores y
destinatarios de los servicios. Es parecido a cuando vas a la frutería a comprar, y tienes cualquier duda respecto al precio u otra cosa, y puedes hablar con el dueño
de ello, pues aquí la idea es la misma, pero a través de internet.

Para facilitar la comprensión, y posible búsqueda en la Ley, hablaremos de los artículos más relevantes, en orden numérico:

Información General

La información general que debe aparecer en nuestra página web es la que nos encontramos en el art 10 de la LSSI, dispone el mismo artículo que deberá ser:

a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la
adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.

c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.

d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:

1.º Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.
2.º El título académico oficial o profesional con el que cuente.
3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.

e) El número de identificación fiscal que le corresponda.

f) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.

g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado
3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a servicios de tarificación adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la
información y se requiera su utilización por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga de programas informáticos que efectúen funciones de
marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del usuario.

Responsabilidad por la información a los destinatarios

En el artículo 17 se indica que el titular de una web no será responsable por la información a la que dirija a los destinatarios de sus servicios, siempre que:

  • No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de
    un tercero susceptibles de indemnización.
  • Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace
    correspondiente.

Por este motivo en muchas páginas web se hace una limitación de responsabilidad  sobre los contenidos de las páginas enlazadas y sobre la buena fe puesta en
colación en la web.

Comunicaciones comerciales, ofertas, promociones y concursos.

Este apartado no podía faltar, porque si la la LSSI es la reina madre en nuestra regulación de la actividad de internet, la publicidad es el bastión más importante de muchos profesionales y empresas. Por tanto, hay que tener en cuenta:

Artículo 20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable.
2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo.
4. En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo.

Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que
previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios.

1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su
voluntad al remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.
Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos.

2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

Obligaciones previas a la contratación

En el artículo 27 de la LSSI encontramos las obligaciones previas que dispone:

El prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y
d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo.

Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del destinatario.

2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado anterior cuando:

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válida
oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.

4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.

Información posterior a la celebración del contrato

En el artículo 28 de la LSSI se regula la información que se recibe una vez que se haya celebrado el contrato:

1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por
alguno de los siguientes medios:

a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.

2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.

3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

Conclusión

La Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, LSSI-CE nació con una clara finalidad de regular las transacciones en
internet, empoderando a los usuarios y destinatarios de los servicios y permitiéndoles gozar del derecho a una información, clara, precisa y continúa. De tal manera, que sus derechos se vean reforzados y no manipulados por lo “efímero” y supuestamente “anónimo” y distante de internet.

Todas las páginas web que hayan sido creadas con ánimo de lucro, sea directo o indirecto deberán cumplirla. Incluso aquellas webs personales que parecen no tener ánimo de lucro, pero que al final de mes reciben servicios de hosting o algunos eurillos a cambio de enseñar publicidad a sus visitantes. Ojo, que muchos son los que dicen que no les toca, pero sí.

Si necesitáis ayuda con la adecuación legal de vuestra web, ecommerce, plataforma Saas, o cualquier otro servicio de la sociedad de la información, no dudéis en
contactarnos. Nuestro servicio de adecuación legal web, software y App, ha sido diseñado para eso.

Comentario sobre la ST TEDH caso Barbulescu. Matices de la potestad de control laboral de recursos empresariales -informáticos o telemáticos-  por parte del empresario.

El pasado martes 5 de septiembre se publicó una Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más conocido como TEDH. Hablamos del Caso Barbulescu VS Rumanía, que ya el año pasado, en enero del 2016, dio de sí muchos titulares.

En la Sentencia vemos la posición de la Gran Sala, luego de que en Abril del año pasado, el aplicante -Barbulescu- solicitára la revisión de la sentencia dictada por una de las salas del TEDH. La sentencia recurrida daba la razón al empleador que había despedido a Barbulescu por hacer uso de recursos informáticos de la empresa -el ordenador- para fines personales durante la jornada laboral.

Resumen. Consideraciones especiales del caso.

Distancia de los hechos y diferencias temporales

Tal como decía Xavier Rivas en una de sus publicaciones, hay que tener en cuenta que los hechos que suscitaron el pleito sucedieron en el año 2007. Hace 10 años, antes de que saliera el primer iPhone, antes de los dispositivos móviles casii ordenadores que tenemos hoy en día. Esta aclaración es importante debido a que entonces era mucho más difícil para un trabajador no hacer uso de los dispositivos de empresa para ver su correo, o para tener una conversación de chat. Hoy en día todos tenemos un móvil con conexión a internet, y con capacidad de lo antes dicho y mucho más. Con esto queremos decir que bueno, era una situación distinta.

El caso surgió por una cuenta de msn, no de correo electrónico

La mayoría de titulares que han comentado la noticia hablan del correo electrónico. Pero, el correo electrónico no es el único recurso de la empresa que es susceptible de ser usado para fines personales por parte de un empleado. También, y entre otros, entran ordenadores, móviles, tablets, impresoras, teléfono fijo, internet -sí, la wifi-, etc.

En este caso fue una cuenta de Yahoo msn personal, a la que el usuario accedió desde los dispositivos de la empresa. Por desgracia, debido a la monitorizacion de los sistemas informáticos que realizaba la empresa, como medida de controlar el absentismo presencial, esa última tuvo conocimiento de las conversaciones privadas del empleado. Y justo, ese carácter confidencial de las conversaciones a las que accedió la empresa es lo que suscito todo el lío.

Novedades a destacar sobre lo que ya se hacía en España

No hay muchas, salvo la de aclarar mejor el alcance en cuanto a recursos afectados, formas de monitorización y alcance de la misma. Por lo demás, en las sentencias que han venido saliendo de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo queda claro que la ponderación de derechos, el juicio de proporcionaldiad, idoneidad, interés legítimo, etc. son requisitos indispensables.

Qué debemos tener en cuenta a la hora de aplicar el control laboral en el uso de recursos empresariales.

Diferenciación de dispositivos

La capacidad de control laboral referida a la monitorizacion, se refiere a los dispositivos y recursos de la empresa. No a los privativos de los trabajadores. Recursos tales, como correo electrónico, cuentas de mensajería, dispositivos móviles, ordenadores, impresoras, wifi, etc.

¿Cuándo podría verse afectado el trabajador?

Cuando utilice los dispositivos o recursos de la empresa con fines personales, sin consentimiento del empleador. Puede darse la situación que debido al cargo o las funciones del empleado, la empresa le permita el uso personal de los recursos. En esos casos la empresa debe marcar claramente el alcance y las excepciones de dicho control; o los permisos concedidos, da igual la formula. En situaciones de autorización, si hay monitorización de la actividad, es recomendable para el empleado usar carpetas identificadas como «Personal» para procurar su privacidad.

Requisitos antes para un correcto control laboral de recursos empresariales

Antes de poner en práctica una medida de control laboral o de uso de los recursos empresariales, se deben realizar una serie de juicios. Evaluaciones previas a la puesta en marcha de la medida. Se debe procurar de forma expresa la garantía de los derechos y libertades de los trabajadores; se debe evaluar la idoneidad, proporcionalidad, y mitigar al máximo posible las expectativas de privacidad del trabajador.

Cuando hablamos de expectativa de privacidad no nos referimos a matar derechos, sino a ser transparentes. Si el trabajador conoce los controles realizados por la empresa, también pondrá de su parte medidas para proteger su intimidad y privacidad. Concienciación, la llaman.

Juicios a realizar antes de poner en marcha una medida

  1. Derechos de los trabajadores. Es necesario conocer los derechos de los trabajadores, que podrían verse afectados con dicha medida. Valorar el nivel de afectación.
  2. Proporcionalidad. A partir del punto anterior, identificar si es proporcional realizar la medida prevista.
  3. Idoneidad. Si es idóneo, o si pudiera realizarse, una (punto siguiente)
  4. Búsqueda de medidas menos intrusivas, que garanticen la ponderación de los derechos del trabajador y las del empleador.
  5. Interés legitimo. Es necesario realizar un juicio de la identificación del interés en base al cual se toma la medida de control laboral. Especialmente de su correspondencia con la garantía de los derechos de los empleados.
  6. Modos de información previa. Pasados todos los juicios anteriores, habrá que identificar la forma idónea de informar a los trabajadores. Informar, formar y evitar las expectativas de privacidad son las claves de una correcta información a los usuarios. Cualquier modo encubierto podría dar problemas.

 Se debe informar:

  1. De la medida de control laboral de recursos empresariales que se realizará.
  2. El alcance concreto de la medida.
  3. Si existe monitorización de actividades, la forma en que se realizará, los contenidos, medios y recursos afectados.
  4. La base jurídica en el que se basa la realización de la medida. Hay que tener en cuenta, de forma especial lo relativo al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Mi empresa puede ver mi correo electrónico?

Pues tal como aparece en una de nuestras preguntas frecuentes, sí. Al fin y al cabo es un correo de empresa, si te vas en muchos casos lo seguirá gestionando un compañero, o se redirigirán las comunicaciones a uno.

Bueno es aclarar que en la mayoría de los casos no hay alguien cotilleando todo el tiempo lo que hacemos, sino, que eventualmente podrían hacerlo. Es una de las facultades derivadas de la potestad de control que tiene la empresa. También por cuestiones de privacidad, protección de datos, y compliance.

Siempre que se informe adecuadamente, se lleve a cabo de forma ordenada, y no se vulneren los derechos, sí, lo pueden hacer. Eso sí, hablamos del correo de empresa, ese recurso tan valioso que te pueden asignar de forma personalizada, o genérica.

Finalmente

Estamos en cambio y evolución constante, la tecnología es lo que tiene. Avanza y avanza como si no hubiera mañana. En nuestras manos está proteger nuestra privacidad e intimidad. Conozcamos las reglas de nuestras empresas, enterémonos de nuestras limitaciones, y según sea el caso, si tenemos un móvil personal, manejemos desde ahí nuestras cosas personales.

Os recordamos que todos los lunes, siempre que no hayan cosas extraordinarias, estaremos al aire en Radio Club Ser Tenerife, hablando de internet, tecnología, privacidad, derechos, protección de datos, riesgos, ciberseguridad, consumo, compliance, reglamento europeo de protección de datos, LOPD, RGPD, GDPR, entre otros.

Comentario y explicación en la radio

Debido a la cercanía de las fechas, este contenido lo desarrollamos el pasado lunes 12/09/2017, en el inicio del curso escolar, de la radio. Por cierto, sí, volvemos a colaborar en una nueva temporada de Hoy por Hoy Tenerife, de Radio Club Ser Tenerife. En nuestro espacio de los lunes, Internet en Familia.

Os dejamos el audio, en el que comentamos con Juan Carlos Castañeda, lo relativo a la sentencia; también damos recomendaciones básicas para empresas, y claro, para los trabajadores.

 

Contrato de tratamiento de datos por cuenta de terceros ¿Qué es y qué pasa si no lo firmo?

Existe una obligación formal que establece la LOPD en su artículo 12, que es regular en un contrato por escrito, o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, el acceso a los datos por parte de terceros para que estos posteriormente realicen un tratamiento sobre ellos en el marco de una relación de prestación de servicios.

Hay que tener en cuenta que se debe hacer cuándo nosotros somos los clientes, pero también cuando somos los proveedores. El caso es regularizar la comunicación de los datos entre las partes, para que el intercambio de información sea conforme a la ley.

Para ver la razón de la obligación, es necesario remitirse a la L.O. 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, más conocida como LOPD.

Puntos clave de la LOPD

  1. Art. 6.1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
  2. Art. 7.3 Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.
  3. Art. 11.1 Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
  4. Art. 12.1 No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.

La ley es clara, solo se pueden tratar o comunicar los datos, si tenemos el consentimiento del afectado. En este sentido, el contrato de tratamiento de datos por cuenta de terceros, es una estupenda herramienta para comunicar datos durante una relación de prestación de servicios, sin tener que interrumpir la fluidez de la comunicación a expensas de obtener el consentimiento individual de los afectados.

La obligación de la firma de este contrato, aparece en el art. 12 de la LOPD. Un artículo dedicado por completo a este recurso, en el que se aprecia no solo la obligación de regular el acceso a los datos, sino que también establece cómo debe hacerse, y el contenido mínimo que debe tener.

Apreciemos más de cerca el contenido del Artículo 12 LOPD

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

 

Responsable del tratamiento y al Encargado del tratamiento. ¿Pero quién es quién?

En Dataseg respondemos a esta pregunta continuamente ya que suele ser motivo de confusión.

Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento es el titular del fichero. Usando la definición rápida de la AEPD para sus resoluciones diremos que,

“…Conforme al artículo 3.d) el responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (…) que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”

Encargado del tratamiento

Se denomina encargado del tratamiento a los prestadores de servicio con acceso a los datos. Así, según la AEPD. en sus resoluciones,

«…Conforme al artículo 3.g), es “la persona física o jurídica (…) que solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”

Posibles Infracciones

En caso de no cumplir con esta obligación, podemos ser sancionados por la Agencia Española de Datos (AEPD).. Estas son las posibles infracciones de la LOPD:Art. 44.2. leves 900 a 40 mil €

d – La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.

Art. 44.3 Graves 40.001 a 300mil

b – Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

d – La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley.

k – La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave.

El cumplimiento de esta formalidad puede evitar una sanción económica importante para los encargados y responsables de ficheros. Por destacar, muchas veces es el único documento que sienta las bases sobre la titularidad de los ficheros, así como las obligaciones y deberes que tienen los prestadores de servicios sobre los datos a los que tienen acceso, y que tratan a nombre de sus clientes.

Para verlo más claramente nos remitimos al mismo artículo 12, en su apartado 4, que dice:

Art. 12.4“…En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.”

Conclusión

Este contrato es es una formalidad exigida de la ley, una obligación expresa y con indicaciones claras sobre su cumplimiento. Además, es herramienta que usada correctamente, representará beneficios a corto y largo plazo entre las partes. Decía mi abuela: “Las cuentas claras y el chocolate espeso”.